IDP: revista de Internet, derecho y política

Las restricciones de movilidad a causa de la pandemia de COVID-19 comportaron la generalización del trabajo a distancia a escala mundial. De hecho, la extraordinaria y urgente necesidad de regularlo en España llegó a legitimar la aprobación del Real Decreto-ley 28/2020, cuyas previsiones integran hoy la Ley 10/2021, de 9 de julio, de Trabajo a Distancia.

Cinco años más tarde, el ejercicio del trabajo a distancia queda lejos de los máximos que se llegaron a alcanzar, aunque no cabe ninguna duda de que ha pasado a ser parte de la nueva normalidad. A modo de ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España, del 33,5 % de las personas de entre 16 y 74 años que, durante el 2024, tuvieron un trabajo principal que les hubiera permitido teletrabajar total o parcialmente, el 45,1 % se acogieron a esta modalidad.

No obstante, teniendo en cuenta los beneficios que puede aportar el trabajo a distancia tanto a los empleadores y empleados como al conjunto de la sociedad, su ejercicio aún se encuentra muy por debajo de su potencial. De hecho, la propia Organización de las Naciones Unidas ha destacado la relevancia del trabajo a distancia para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, motivo por el cual ha instado a los Estados a estimular la innovación y transformación necesarias para que llegue a consolidarse.

Así pues, como reto de carácter global, se plantea el presente monográfico sobre la consolidación del trabajo a distancia, que abarca cualquier análisis realizado desde las ciencias jurídicas y sociales que aborde cuestiones como:

• La aportación de evidencias empíricas sobre las consecuencias del trabajo a distancia.
• La detección de las principales dificultades que puede conllevar su ejercicio y la aportación de propuestas para mitigarlas.
• La identificación de los problemas que puede comportar la actual regulación del trabajo a distancia y, en especial, del teletrabajo, junto con la clarificación de cómo debe aplicarse y la aportación de propuestas de mejora (especialmente basadas en la experiencia internacional).
• La evaluación de cómo el trabajo a distancia afecta a los derechos laborales, analizando especialmente los derechos de desconexión digital, privacidad y salud mental, así como su incidencia desde la perspectiva de género.
• La detección y el análisis de los problemas y desafíos que puede ocasionar el teletrabajo en las distintas ramas del ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito interno como, sobre todo, en el internacional.

En particular, se prestará especial atención a estudios de derecho comparado y a los que, partiendo de evidencias empíricas, realicen propuestas para el diseño de políticas públicas.

Fecha límite de envío: 1 de septiembre de 2025

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